Como resultado del trabajo de investigación especializado que llevó a cabo la Fiscalía del Estado y la imputación que realizó contra seis policías municipales por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas en el municipio de Sayula, un juez de control los vinculó a proceso.
Se trata de David “N”, Juan Carlos “N”, Eduardo “N”, Martín “N”, Claudia “N” y Carolina “N”, quienes a solicitud del agente del Ministerio Público permanecerán un año en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Su captura se desprende del trabajo de investigación especializado en gabinete y campo que realizó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) con el objetivo de esclarecer los hechos en los que desapareció una persona en la demarcación ya referida.
Resultado de ello es que se obtuvieron datos de prueba sólidos de la probable participación de los oficiales antes señalados en el hecho antijurídico ya referido, por lo que se allegaron dichos elementos a la carpeta de investigación y se solicitaron órdenes de aprehensión contra ellos.
Al existir fundamento, un Juez de Control y Oralidad giró los mandatos judiciales, y los elementos fueron capturados mediante los protocolos establecidos, en la Comisaría de Seguridad donde elementos de la Policía de Investigación les notificaron su situación jurídica y garantías constitucionales.
Una vez que quedaron a disposición del órgano jurisdiccional, el agente del Ministerio Público de la FEPD los imputó por el ilícito ya referido, aportando datos de prueba que generaron certidumbre en dicha autoridad quien determinó iniciarles un proceso penal en los términos ya referidos.
Es importante precisar que las diligencias del caso continúan ya que el impartidor de justicia fijó el plazo de 4 meses y medio para el cierre de la investigación complementaria.
Con estas acciones la Fiscalía del Estado de Jalisco da cumplimento a su compromiso de trabajar de forma permanente e ininterrumpida en la búsqueda de personas para dar respuesta a esta exigencia social y cerrar los espacios de impunidad, salvaguardando los derechos de las víctimas.
